Lucía Garrido, una mujer asesinada en 2008 en Alhaurín de la Torre, ha sido el centro de un caso judicial que ha destapado una red de narcotraficantes y guardias civiles corruptos.

En un primer juicio celebrado en 2019 y que resultó anulado por irregularidades en los votos del jurado, los acusados fueron absueltos. Sin embargo, en el juicio actual, cuyo veredicto se ha conocido esta semana, se ha conseguido finalmente hacer justicia.

El elemento clave en torno al cual ha girado el juicio ha sido una llave. Esta llave, encontrada en la escena del crimen, abría la puerta exterior de la Finca de los Naranjos, donde Lucía fue atacada por la espalda.

En este segundo juicio, ha ocurrido lo contrario al anterior. El departamento de criminalística de la Guardia Civil ha reconocido la validez de la muestra de ADN hallada en la llave encontrada detrás de una tinaja en la escena del crimen. En un segundo análisis más completo se ha conseguido identificar al presunto asesino, Ángel Vaello.

Por otro lado, la declaración telemática del testigo protegido, el cual se encuentra en una parte desconocida del mundo con una nueva identidad, sirvió para vincular a Alonso con Vaello y el chalet donde se produjo el asesinato.

La llave se ha convertido en un símbolo de justicia en este caso. Su papel ha sido fundamental para determinar la culpabilidad de los asesinos. La defensa y la acusación particular han presentado argumentos en torno a esta evidencia clave.

El equipo de abogados que se ha ocupado del caso se ha esforzado por presentar de forma estructurada y convincente las pruebas que han permitido al jurado emitir un veredicto de culpabilidad, evitando así dejar impune el asesinato de Lucía Garrido. Aunque los 15 años de espera han sido largos, el veredicto ha proporcionado el cierre necesario para Lucía y su familia.

El jurado ha declarado culpables a los dos acusados que se sentaban en el banquillo: Manuel Alonso, de 64 años, expareja de la víctima, y Ángel Vaello, de 40, un delincuente afincado en Fuengirola. La Fiscalía y la acusación han pedido entre 15 y 25 años para los acusados.